Acabo de ver en el telediario a una elegante señora, ejerciendo como portavoz del Consejo General del Poder Judicial, que en tono de gran indignación manifestaba que las críticas que han recibido los miembros del Tribunal Supremo al condenar al juez Baltasar Garzón son intolerables e inadmisibles. Y que la justicia no puede ser administrada por el clamor popular.
Sorprende ver como tan docta casta se aferre a su "autoridad legal", en la más literal concepción de Max Weber. La autoridad legal, racional o burocrática, es racional porque el individuo que la tiene ha sido examinado y ha demostrado la habilidad y capacidad necesaria, la dirección, competencia técnica y motivación para desempeñar su cargo con eficiencia. Es legítima en la medida que los subordinados consideren que el ejercicio del poder que detenta el jefe permite el alcanzar los objetivos. Cuando los subordinados perciben que no es una persona calificada adecuadamente para el puesto, no aceptarán por completo su autoridad y con ello no habrá racionalidad debido a que lo legal no es legítimo.
Porque no hay mayor poder que la sabiduría legitimada socialmente, la autoridad moral que deriva del respeto y el reconocimiento. Ostenta la auctoritas aquella personalidad o institución que tiene capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión. Su contraparte, la potestas o poder de quien tiene capacidad legal para hacer cumplir su decisión, nunca será un poder real, sino más bien un poder derivado de la burocrática "autoridad legal".
Más oportuno que nunca aquello de Unamuno a Millán Astray: “Vencéis pero no convencéis”.
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