La condena a Garzón y la credibilidad institucional

Escribíamos hace tiempo en este blog que un valor común a todos los países desarrollados es la credibilidad, la confianza y el respeto hacia las instituciones del estado.

En el otro extremo, una característica común a todos los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, es la escasa credibilidad que la ciudadanía confiere a sus instituciones. Países en los que nadie paga impuestos, nadie cumple las sanciones, muchos se resisten a pagar los servicios públicos, se solucionan los problemas por la vía del soborno, o se resuelven los conflictos con la ley del más fuerte y tomándose la justicia por la mano.

En España sabemos bien cuál es el coste y el esfuerzo que requiere desarrollar hasta niveles aceptables ese intangible que denominamos credibilidad institucional. Hemos sido capaces de hacer ese recorrido, partiendo prácticamente de cero en el inicio de la transición democrática, una vez desaparecido el dictador, hasta alcanzar, a mediados de la década pasada, valores razonables en esa escala imaginaria de la credibilidad institucional. Recorrido que es estrictamente paralelo, por ser asuntos estrechamente correlacionados, al desarrollo económico.

Pero en los últimos cuatro o cinco años, consecuencia sin duda de la crisis económica, estamos desandando ese camino a pasos agigantados. El fraude fiscal, al que hacíamos referencia en el anterior post, la corrupción política a todos los niveles, los escándalos delictivos en los propios cuerpos de seguridad ciudadana, son asuntos todos que contribuyen al deterioro de la imagen de las respectivas instituciones y, en consecuencia, a la pérdida de esa credibilidad que tanto había costado.

Y ahora, la sentencia al juez Garzón. Resulta sarcástico que, para satisfacción de la derecha gobernante, el primer condenado por esa enorme trama de corrupción que es el Gürtel, sea el juez. Más allá de los argumentos jurídicos que recoge la sentencia, la interpretación que la ciudadanía hace, en España y fuera de España, tanto en este juicio como en el siguiente sobre las víctimas del franquismo, es que se trata única y exclusivamente de una venganza, de un castigo ejemplarizante, de la resolución de vendettas personales, utilizando, manipulando o tergiversando para ello los principios básicos de lo que se define como tercer poder del estado.

A pesar de que los medios de comunicación afines a la derecha, que ya vienen empleándose a fondo, echarán el resto para justificar y defender la sentencia que condena al juez, lo cierto es que actuaciones como ésta hacen que retrocedamos décadas en la legitimación y credibilidad de una institución tan fundamental en la estructura de cualquier estado, como es el poder judicial. Camino de vuelta que nos acerca, de nuevo, a los países en desarrollo y nos aleja de ese club selecto de países modernos, estables y sólidamente desarrollados en el que pretendíamos quedarnos.